LA NUEVA REFORMA FINANCIERA: ¿OTRO PASO INSUFICIENTE O ACTUACIÓN POCO TRANSPARENTE?

La nueva reforma financiera insiste en el aumento de provisiones en plazos muy cortos en el sector financiero como vías de saneamiento de los activos inmobiliarios en riesgo, ahondando en una línea de recuperación lenta, de difícil consecución, cuando no imposible, para algunas entidades.

El resultado inmediato de estas exigencias adicionales será una mayor restricción del crédito, de especial gravedad para las necesidades de financiación de las empresas españolas que han visto reducido a la mitad en los últimos 5 años el crédito comercial que utilizan de forma cotidiana para financiar sus necesidades de circulante.

Como anticipamos en nuestras propuestas sobre el sector financiero presentadas en octubre de 2011, para ese objetivo, en el corto plazo, resulta necesario reforzar las líneas de financiación del Instituto de Crédito Oficial y canalizar por esta vía una mayor y mejor oferta de crédito, con el adecuado control de riesgos, hacia las PYMES. Debe prestarse especial atención a una adecuada definición de las líneas de crédito y a su efectiva ejecución, evitando que una inadecuada gestión, bien desde el ICO, bien desde las entidades financieras colaboradoras, de cómo resultado una ejecución insuficiente.

Más allá de lo anterior, la reactivación del crédito exige un esfuerzo de capitalización de nuestras entidades financieras de al menos 60.000 millones de euros€, que debe ser soportado de manera decisiva por el propio sector en su conjunto, evitando que el peso de la misma recaiga sobre los ciudadanos. Así ocurrió en anteriores crisis bancarias y así debe ocurrir también en esta.

Este esfuerzo, que se demora por la falta de decisión de los sucesivos gobiernos en esta materia, lo que encarece la solución, destruye empleo y perjudica al conjunto del país, es comparable al que ya han hecho oros países, especialmente europeos (Alemania ha recapitalizado por 84.600 millones de euros y otorgado garantías por 197.400; Reino Unido 88.500 y 842.000 respectivamente; Francia 21.150 y 119.850; EEUU 192.000 y 505.000; por citar sólo algunos ejemplos extraídos de información pública de la Comisión Europea)

Para ello, debe incrementarse la insuficiente actualización de aportaciones de las entidades financieras al Fondo de Garantía de Depósitos. También debe establecerse una tasa sobre la actividad financiera que permita crear fondos de contingencia para afrontar crisis bancarias, tal y como se ha hecho ya, por ejemplo, en Alemania con las entidades de tamaño sistémico. Estas, junto con otras medidas deben permitir financiar en un plazo razonable esta capitalización.

La reforma del sector financiero español, debería ir acompañada de una adecuada reestructuración del sector financiero europeo, utilizando también vías comunes de financiación europea. En España hemos de superar las consecuencias de la burbuja inmobiliaria, en Europa de los activos tóxicos que aún tienen los balances de los bancos. Todo ello, para abordar el bloqueo de crédito en los países comunitarios en general y en la zona euro en particular, a nivel agregado. El propio Banco Central Europeo (BCE) parece aceptar que el Fondo de rescate Europeo pueda capitalizar directamente bancos.

El anticipo o utilización inicial de recursos públicos, en su caso, debe ir unida bien a la toma de participación del Estado en las entidades que precisen de los mismos para su adecuada capitalización, bien a la obtención de garantías adecuadas y plazos concretos de devolución y retribución al Estado por los avales o financiación suministrada.

El Gobierno ha diseñado una reforma que, en realidad, permite la capitalización del sector, contando con la capacidad de endeudamiento del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria ya en vigor. Sin embargo, insiste en que el esfuerzo de aportación del Estado será muy inferior a las necesidades del sector.

La cuestión que sugiere esta actuación es si el Gobierno apuesta por un proceso lento de saneamiento que se prolongue durante más tiempo del que nos podemos permitir, o bien, va a capitalizar las entidades financieras que lo necesitan pero no quiere informar de ello a los ciudadanos en un contexto de recorte de gastos que afecta, entre otras, a prestaciones básicas como la sanidad o la educación, y derechos de las personas.

Un efecto añadido de lo anterior es eludir el debate sobre las vías de recuperación de las cantidades aportadas por el Estado para evitar y reducir que el coste de la reestructuración del sector financiero sea soportado por el conjunto de los ciudadanos. Para ese objetivo, a las medidas ya indicadas deben sumarse los rendimientos financieros por préstamos y coste de los avales que se concedan a sector y, por otra parte, el resultado de la venta de activos y participaciones de las entidades financieras, con especial atención al destino de aquellas que tengan importancia estratégica.

La utilización de recursos públicos debe ir unida a una adecuada depuración de responsabilidades de los gestores y supervisores responsables de que estas entidades hayan llegado a la actual situación.

El proceso de concentración del sector, con la consiguiente reducción de la red de oficinas y la desaparición de múltiples entidades, conlleva serios riesgos de exclusión financiera para personas con menor nivel de renta y territorios de menor desarrollo.

El Estado debe garantizar que no se genere un oligopolio de facto con apenas un puñado de entidades financieras relevantes. Esta función ha sido desarrollada por las cajas de ahorros en las últimas décadas y ahora se está viendo profundamente afectada.

Colocar al sector financiero en situación de cumplir su actividad de proporcionar crédito es una necesidad para nuestra economía. Garantizar depósitos y activos de clientes también.

Por otra parte, la segregación de activos inmobiliarios supone una oportunidad de utilización de los mismos para promover una gestión de interés público del acceso a la vivienda. Promover su uso y explotar adecuadamente estos activos inmobiliarios, a través del fomento del alquiler mediante subvenciones a los arrendatarios atendiendo a su situación económica, nivel de renta y con especial atención a los jóvenes. También supone una oportunidad para actuaciones en relación con necesidades de personas de la tercera edad.

Sin embargo, las medidas de promoción de la vivienda anunciadas tras el último Consejo de Ministros insisten en fomentar la vivienda en propiedad, aumentando su protección e incentivos. Con ello se mantiene una orientación cara e ineficiente sobre este sector.

CCOO emplaza al Gobierno a abordar la reforma del sector financiero y el cambio de orientación en la política de vivienda a través del consenso y el diálogo.

Insiste en denunciar la orientación del Gobierno que ignora el compromiso y la participación, el diálogo social y el consenso.

Para ello, remitió al pasado 10 de mayo al Presidente del Gobierno las propuestas del Sindicato sobre estas materias y expresó su disponibilidad para participar en un proceso de concertación amplio que permita abordar tanto estas cuestiones como la salida de la crisis de forma equilibrada, con esfuerzos compartidos y justos.

 

Madrid 18 de mayo de 2012

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